E S T E R I L I Z A C I Ó N   F O R Z A D A   E N    P O B L A C I O N E S   

I N D Í G E N A S   P E R U A N A S


P o r   M i g u e l   M o r e n o   D u h a m e l


 

 

El control de la natalidad en las poblaciones más pobres del planeta ha sido tema de discusión en varias oportunidades y en este debate han tomado la palabra diversas entidades de control del poder.  Principalmente afectados son los grupos indígenas y  los sectores de menores recursos de la sociedad, grupos que generalmente coinciden.  En algunos países de Latinoamérica se desarrolló la práctica de la esterilización forzada quirúrgica tanto para hombres y mujeres, pero fueron estas últimas las que más sufrieron y debieron soportar el atentado de género, el genocidio, el crimen de lesa humanidad como ha sido tipificado por los organismos internacionales de derechos humanos.

 

En Perú, durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990) ya se había echado a andar un "Programa de Planificación Familiar" con el fin de disminuir las altas tasas de natalidad y de pobreza mediante el uso de contraceptivos; pero fue durante el gobierno de Alberto Fujimori (1991-2000) en que este programa se transformó de tal forma que se determinaron metas numéricas de personas que debían ser esterilizadas cada año.

 

El plan de Fujimori, quien actualmente se encuentra en Chile,  comenzó tratando de convencer a la población de hacerse un control “voluntario” de natalidad. Con este fin difundían la idea según la cual el bienestar económico-social era posible con un núcleo familiar reducido. De esta forma el régimen quería mostrar que la miseria que padecían los niños y niñas era responsabilidad de los padres que los engendraban “de manera irresponsable y sin control”.

 

El "Programa Nacional de Salud Reproductiva" fue financiada, al parecer, por la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) de Estados Unidos, a través de un contrato otorgado a la Association For Voluntary Surgical Contraception (AVSC).

 

A los funcionarios de Salud se les obligaba a cumplir con las operaciones dispuestas bajo amenaza de despido de sus cargos.  A su vez ellos obligaban a la población mediante incentivos o amenazas, argumentando que todos quienes tuvieran más de cuatro hijos serían puestos a disposición de la policía y terminarían encarcelados.  Otra forma de hacerlo era mediante el engaño durante operativos de salud o en cirugías donde además se aprovechaba de realizar las ligaduras de trompa.

 

El Gobierno trató de incluir cada uno de estos casos bajo el término de "esterilización consentida", pero es un hecho que la mayoría de los afectados eran analfabetos o hablaban  sólo en su lengua nativa y los certificados de permiso estaban redactados en idioma español.  Esos papeles bastaban para mantener las conciencias de los urdidores más claras y tranquilas.

 

El Ministro de Salud peruano de la época y responsable , el actualmente diputado Alejandro Aguinaga, desestima todo lo planteado diciendo que es "cuestión aclarada y archivada", que deben enfocarse en el futuro y  ¡¡trabajar en disminuir la mortalidad materna!!  cuyas cifras siguen siendo muy altas en su país.  Pero la fría realidad dice que entre los años 1991 y 2000, más 300.000 mujeres fueron esterilizadas, así como también algunos miles de hombres  vasectomizados.  Muchas de estas personas murieron en el postoperatorio. ¿Es posible ignorar u olvidar este hecho en vista de un futuro para el país?  Está claro que nuevamente tratan de apelar a la pésima memoria de las personas y por eso todo artículo que se escriba manteniendo en la palestra estos casos sirven para que algún día los responsables sean juzgados y sancionados y para que de una vez por todas estos crímenes dejen de producirse; porque no es sólo en Perú, en que la cantidad de casos es impresionante, sino también en otros países como México o Japón, dónde no está claro que se haya terminado con esta práctica.

 

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) auspició un "Reporte de derechos humanos sobre la aplicación de la anticoncepción quirúrgica en el Perú" titulado "Nada Personal", que fue editado en 1999, en el que se arribó a las siguientes conclusiones:

 

• Se encuentra abrumadoramente probado que el Estado peruano estableció metas numéricas a nivel nacional, exclusivamente para el método de anticoncepción quirúrgica, y que éstas no fueron fijadas únicamente con el objetivo de brindar atención de acuerdo a la demanda o con el criterio de programar los recursos necesarios.

 

• Existe prueba sustancial procedente de diversas localidades del país que acredita la existencia de cuotas asignadas a los establecimientos y al personal de salud, así como presión y estímulos a los mismos para el cumplimiento de dichas cuotas, lo que ha propiciado violaciones a los derechos humanos, tales como esterilización forzada.

 

• Se encuentra abrumadoramente probado que el Estado peruano no actuó diligentemente ni implementó acciones adecuadas para proteger la salud de las personas usuarias, durante y postintervención quirúrgica.

 

• El Estado peruano no ha mostrado diligencia para garantizar a las personas usuarias afectadas, la obtención de justicia, sanciones a los responsables, ni reparaciones justas.

 

Veamos algunos casos elaborados con información de la Defensoría del Pueblo:

 

Santusa Taipe Challa

 

El 18 de julio de 1999 Hector David Huamani Huaycani denunció ante la Defensoría del Pueblo del Cuzco la muerte de su esposa, la señora Santusa Taipe Challa (40) como consecuencia de la operación de ligadura de trompas que se le practicó como parte de la Campaña de Planificación Familiar del Ministerio de Salud, en Chumbivilcas, Cusco.   El 10 de julio de 1999 la señora Santusa Taype Challa fue sometida a una operación de ligadura de trompas por médicos de la campaña. El 11 de julio fue dada de alta supuestamente en buen estado de salud, sin embargo, en la nota de evolución de ese día no se registra el estado de las funciones vitales (pulso, presión arterial, temperatura); ésta se restringe a lo concerniente a la herida, tampoco se precisan las indicaciones postoperatorias al alta.

 

Posteriormente comenzó a experimentar desarreglos emocionales y fuertes dolores en el útero, falleciendo el 12 de julio a las 7 a.m. El martes 13 de julio, efectivos de la Policía Nacional de Chumbivilcas y el personal de la posta médica fueron a la casa de la agraviada y se llevaron el cadáver para practicarle una necropsia. La conclusión del protocolo de necropsia, realizada por el doctor Peter Loayza Mamani, no es específica y refiere que la causa básica del fallecimiento fue "shock de etiología a determinar D/C Neurogénico, D/C por reflejo vaso vagal". Según la información recogida por los comisionados de la Representación Defensorial de la ciudad del Cusco, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Chumbivilcas y el puesto policial de Santo Tomás.

 

En las conclusiones del informe del médico asesor de la Defensoría Especializada en los derechos de la mujer se señala:

 

1. La señora Santusa Taipe Challa, fue esterilizada el 10 de julio de 1999 durante una jornada de "Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria" (AQV), junto a otras 17 mujeres, por "indicación médica".

 

2. La evaluación preoperatoria, así como la evaluación postoperatoria de la señora Taype, fueron superficiales e incompletas, por lo que no es posible aseverar que era completamente sana, ni que haya sido dada de alta en buen estado.

 

3. La señora Taype, tuvo que realizar un gran esfuerzo físico luego de la operación de esterilización, ya que luego que se le dio de alta tuvo que trasladarse a pie, subiendo una pendiente durante 4 horas aproximadamente hasta llegar a su comunidad, la Comunidad Campesina de Accacco, lo que contraviene el sentido común y por supuesto las normas de cuidados postoperatorios que se deben brindar a cualquier paciente.

 

4. No hay información suficiente en la historia clínica ni en el protocolo de necropsia para precisar la causa de fallecimiento.

 

Alfonsa Ramos Condori

 

La señora Alfonsa Ramos Condori, fue presumiblemente coaccionada para que se someta a una intervención de ligadura de trompas. La señora Ramos manifestó a una comisionada de la Defensoría del Pueblo que desde el día en que dio a luz a su hijo en enero de 1999, fue visitada por varias mujeres del Puesto de Salud de San Cristóbal de Santa Ana, departamento de Huancavelica, presionándola para que se someta a la AQV. 

 

Asimismo, le habrían amenazado con no entregarle el certificado de nacimiento de su hijo mientras no se hiciera la operación. 

 

Amelia Teresa León Veliz

 

La señora Amelia Teresa León Veliz (32) ha tenido cuatro embarazos y dos hijos vivos, uno nacido de parto normal y el otro por operación cesárea. Al momento de su admisión al hospital Domingo Olavegoya de Tarma tenía 33 semanas de embarazo según fecha de última menstruación. La paciente estuvo hospitalizada del 1 al 3 de septiembre de 1999, por un cuadro de hemorragia del tercer trimestre por placenta previa total y fue dada de alta en buen estado. 

 

Posteriormente fue hospitalizada el 17 de octubre de 1999 por un cuadro de hemorragia vaginal leve, sin trabajo de parto y de acuerdo a la evaluación de emergencia tanto la madre como el feto se encontraban bien. Luego de ser evaluada la paciente, se decidió que debía ser sometida a una operación de cesárea de emergencia, la que fue autorizada por la paciente. Sin embargo, la operación practicada por el cirujano fue cesárea y BTB (Bloqueo Tubárico Bilateral), la que se realizó a pesar de que la operación autorizada era sólo la cesárea. De esta manera la paciente fue sometida a una operación de esterilización quirúrgica sin su consentimiento, atentando contra su libre determinación. 

 

Por último la operación de cesárea realizada, fue indicada de emergencia, por lo que realizar en este contexto una operación adicional como es la AQV, es ampliar el tiempo operatorio y aumentar el riesgo de la operación de emergencia.

 

En las conclusiones del informe del médico asesor de la Defensoría Especializada en los derechos de la mujer se señala:

 

• La señora León fue sometida a una operación cesárea de emergencia, junto a la que se realizó una operación de esterilización quirúrgica, efectuada sin su consentimiento y contraviniendo las normas establecidas en el Manual de Normas del Programa de Planificación Familiar.

 

• La actitud comentada puso en riesgo la salud de la señora León, pues se realizó una operación electiva en medio de una operación indicada de emergencia.

 

Mamérita Mestanza Chavéz

 

La señora Mamérita Mestanza Chavéz (33), madre de 7 hijos, vivía en el caserío Sorogón Alto perteneciente al distrito de La Encalada, provincia y distrito de Cajamarca. Fue intervenida quirúrgicamente por el médico gineco-obstetra Lorenzo Silva Arana, quien le efectuó un bloqueo tubárico bilateral de las trompas de falopio en el Hospital Regional de Cajamarca la mañana del 27 de marzo de 1998, a donde había sido trasladada en una ambulancia del Centro de Salud de la Encañada, junto con otras 6 señoras. En el hospital los únicos exámenes que le realizaron antes de la intervención quirúrgica fueron medición de peso, talla, presión sanguínea, temperatura y pulso cardíaco. A la señora Mestanza se le aplicó anestesia raquídea, a cargo de la anestesista Nélida Sánchez Merino. La señora sufrió secuelas de la intervención quirúrgica muriendo el 4 de abril de 1998.

 

Este último caso es relevante ya que en el año 2002, la Justicia Peruana ordenó al gobierno indemizar en dinero a los familiares de Mamerita Mestanza.  Esto fue visto como una batalla legal ganada aunque las consecuencias en daños físicos, mentales y familiares a las mujeres esterilizadas contra su voluntad aún no han sido evaluadas a cabalidad.  Sin embargo, el monto designado fue de 10.000 dólares a cada miembro de la familia;  ese es el precio de la vida de una mujer pobre o indígena que ha sido vulnerada en sus derechos en Perú y con seguridad debe ser menos en otros lugares del mundo.

 

Por si fuera poco, la cuestión se torna aún más grave y es una voz de alarma internacional, pues la práctica se ha denunciado recientemente en grupos en vías de extinción como los Ainu en Japón o los Aymara en América del Sur.  El grupo de médicos internacionalistas de Misión Milagro que estuvieron realizando su labor con las poblaciones más desposeídas en Bolivia durante Mayo de 2007, certificó que algunos asentamientos indígenas amazónicos en la frontera perú-boliviana registran apenas 3 nacimientos en los últimos años, lo que nos lleva a pensar que si las operaciones no se realizan desde el 2000 en la zona, quizá no sólo fueron intervenidas mujeres multíparas si no también  las jóvenes, condenando así a estos grupos humanos originarios a la desaparición.

 

Fuentes:

- Informe anual de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - Perú, 1999.

- www. cimacnoticias. com.

- Le Monde Diplomatique, edición cono sur. Número 59, mayo 2004.

- Ekintza Zuzena.  Número 28. Zenbakia.

- Artículos de el Inter Press Service News Agency